Dentro de las relaciones entre corte regia y literatura expresadas mediante la redacción de fuentes textuales de origen específicamente cortesano principalmente elaboradas bajo forma narrativa,1 puede constituir un sujeto de análisis particularmente adecuado la aproximación a un texto salido de la propia cancillería real de Juan II con el pretendido objetivo de informar al reino sobre acontecimientos recientes particularmente graves. Sobre todo conocido por estar inserto en una obra cronística que nos sigue ofreciendo no pocas inseguridades en cuanto a su autoría concreta,2 como es la Crónica de Juan II ordenada por Lorenzo Galíndez de Carvajal,3 dicho texto posee una parte sobre la que no he encontrado indicios de que haya sido hasta la fecha objeto de consideración específica desde el punto de vista de la valoración política de su propio desarrollo narrativo, tal como aquí se hará.

Esta versión impresa incorporada a la Crónica de Juan II la hemos manejado cotejándola con una versión manuscrita de la que hemos podido disponer, incluida en un manuscrito que reúne diversa documentación relacionada con el mismo asunto.4 En efecto, en esta versión manuscrita se reúnen varios documentos directamente relacionados con los acontecimientos inmediatamente previos e inmediatamente posteriores a la sentencia arbitral de Medina del Campo por la que el 3 de julio de 1441 se ordenó el abandono de la corte por el condestable don Álvaro de Luna. En este manuscrito se incluye primero la narración de los acontecimientos que precedieron a la sentencia arbitral de Medina del Campo, puesta en boca del monarca, quedando principalmente referida a los movimientos de tropas y escaramuzas que se produjeron hasta el momento en que las fuerzas favorables a los infantes de Aragón pudieron hacerse con el control de Medina del Campo, donde se encontraba el rey, dando lugar a la consiguiente huida del condestable y a la activación de un procedimiento destinado a decretar su alejamiento de la misma.5 A continuación, se incluye en el manuscrito el texto de la propia sentencia arbitral de Medina del Campo, tal como también se recoge en la mencionada crónica. Además, se incorporan las distintas cartas de poder otorgadas con relación a la ejecución de la sentencia,6 ampliando con estas últimas piezas los contenidos insertos en la mencionada crónica.7

Con el documento en el que el monarca relata los acontecimientos previos a la sentencia estamos ante un texto que se presenta como narrado directamente por el rey Juan II de Castilla. Esto, más allá de su textualidad, lo convierte en un sujeto de análisis singular por lo que pueda representar desde el punto de vista de su significación política general y de manifestación de las necesidades políticas personales del monarca en un contexto de particular tensión por el control del poder regio y del espacio cortesano como centro de la acción gubernativa.

En esta parte narrativa, hasta ahora carente de análisis específico desde la perspectiva aquí considerada, que es la que nos interesa, se describe un conjunto de acontecimientos que giran en torno al protagonismo del monarca en los días inmediatos a la toma del control de Medina de Campo a comienzos de julio de 1441. La parte del manuscrito que sigue a esta narración, más estudiada,8 aunque no carente de posibilidades innovadoras de análisis que no formarán para de este estudio, presenta un carácter totalmente jurídico-institucional, recogiendo diversa documentación tocante a la legitimación real de la comisión arbitral, a la ejecución de la sentencia y a la reproducción completa de los 28 capítulos de dicha sentencia presentada como la consecuencia justa y necesaria de los hechos narrados. Finalmente, las cartas incluidas sólo en la versión manuscrita ya aludida, ausentes, por tanto, del texto cronístico, demuestran las objeciones jurídicas planteadas por Álvaro de Luna a fin de evitar la aplicación de la sentencia contra su persona, así como las dificultades habidas en torno a la elaboración y definitiva aplicación de la sentencia contra el condestable.

En esa primera parte narrativa, que es en la que aquí se va a centrar nuestra atención, y que se inserta en la mencionada crónica y en la comunicación que el rey envía, en este caso, en concreto, al concejo de Sevilla, al igual que seguramente también se haría a otros concejos, se hace presente de manera muy evidente la voluntad de narrar de manera detallada el desarrollo de acontecimientos de indudable importancia para la historia reciente de la monarquía y de la vida política castellana del momento. Con tal motivo, se presta especial atención a las tensiones entre don Álvaro de Luna y los infantes de Aragón y a la delicada y comprometida posición en la que queda el monarca castellano en el contexto de esta rivalidad. No se oculta en la narración, en correspondencia, en este caso, con la realidad, que los acontecimientos aludidos vienen a suponer momentos verdaderamente graves y decisivos para el futuro de la monarquía castellana hasta parecer en ocasiones que la continuidad del monarca en el trono pudiera llegar a ser inviable.

Todo ello se pretende abordar en esta narración bajo la apariencia de ofrecer noticia exacta y puntual de lo acaecido, con la intención de que se tenga conocimiento de lo que, sin duda, eran acontecimientos cruciales de cara a la gobernación general de Castilla. Por ello se justifica que los concejos recibieran una información que se les traslada por el propio monarca, como si fuera memoria oficial de los hechos recientemente acaecidos en el reino, en los que se había visto implicada directamente la propia persona regia.

Bien al contrario de tales objetivos, lo que finalmente se acaba ofreciendo con el envío de esa comunicación es, en realidad, una visión de los acontecimientos aludidos políticamente sesgada y manipulada y sobre todo conveniente para la fijación de una memoria favorable a uno de los grupos de interés implicados en los sucesos considerados. Este grupo políticamente organizado era el que, encabezado por los infantes de Aragón, se ha impuesto en el control de la persona del rey tras la huida de Álvaro de Luna con el que había mantenido una larga confrontación que por entonces ya llevaba más de una década con continuos incidentes y picos de confrontación.

Para ello se elabora un escrito, sin duda redactado bajo la tutela de este grupo predominante en la corte que ahora recuperaba el control sobre la persona del rey. Con este escrito se alcanza el muy difícil objetivo de hacer compatible la pretensión de refrendar la posición de los infantes de Aragón y sus aliados con la preservación de una memoria de los acontecimientos recientes en la que se salvaguarda el prestigio personal del monarca reinante, a fin de afirmar el poder del nuevo grupo cortesano a la sombra de la legitimidad regia bajo la que se quieren amparar. Tal pretensión política exige de esa preservación memorial, a pesar de los acontecimientos recientes que dejaban muy en cuestión la autoridad regia. Todo ello habrá de exigir la debida alteración de los acontecimientos de manera coherente con los objetivos políticos perseguidos.

Además, a las circunstancias que se acaban de enumerar se añade que se trata de dotar de especial autoridad a la exposición narrativa en cuanto que, como ya se ha apuntado, se presenta al propio rey Juan II ejerciendo la función de narrador de lo que se supone que él mismo ha protagonizado en primera persona. Este hecho viene a conferir al texto una particular singularidad, a la vez que podía contribuir a dotarlo de mayor credibilidad, lo que resultaba de lo más conveniente ante la evidencia de la manipulación en el relato de lo acontecido. Sin embargo, a pesar de esta intención, ofrece claros indicios de su parcialidad narrativa, respondiendo a una versión imaginativa de los acontecimientos, recurriendo precisamente a la utilización del rey como narrador para dar verosimilitud a los hechos aludidos de un modo políticamente conveniente para el objetivo principal ya apuntado que motiva la redacción. Así se aparenta situar al rey en una posición objetiva respecto de los acontecimientos y con relación a unas luchas que parecieran no implicarle personalmente, situándolo en un plano superior de distancia respecto de los enfrentamientos descritos, presentándose a sí mismo como salvador de la monarquía, al convertir su intervención en providencial y decisiva en el desarrollo de lo acaecido y señalar a su autoridad como referencia principal de acatamiento indiscutible en un contexto de máxima confrontación dentro de la rivalidad entre los infantes de Aragón y el privado real Álvaro de Luna. Como se ve, algo que resulta bien alejado de las dos realidades políticas que se sucedieron, primero la del manejo omnímodo de la autoridad regia por el privado real Álvaro de Luna y luego, el secuestro de la voluntad regia por los infantes de Aragón y sus partidarios hasta que Álvaro de Luna consiga su desplazamiento y recupere el control del poder real.

Tratándose de una elaboración cortesana, y narrando acontecimientos propios de la corte, el texto se ofrece como una especie de versión oficial destinada a formar parte de un proceso de comunicación entre la corte y determinados concejos. Sin embargo, dado el derroche de ficción que se pone en su redacción, llega a presentar rasgos próximos a lo literario, por cuanto modifica, con objetivos políticos bien evidentes, las realidades aludidas. De este modo, llega a configurar una redacción dirigida a producir una sucesión coherente de acontecimientos, a la par que, en determinados momentos, opta por la vía imaginativa completamente incompatible con la realidad de lo acaecido, sin dejar de atender a objetivos políticos concretos, por lo que parece adecuado calificarla por esta circunstancia como de protonovelesca y guiada, no por un afán de creatividad literaria, sino de justificación de actos políticos recientes.

Por otra parte, teniendo en cuenta las importantes consecuencias que tenía el alejamiento del privado de la corte como consecuencia de la sentencia arbitral dada, produciendo un verdadero cambio gubernativo al ser desplazados los personajes que controlaban a la persona del rey por otros que ahora se incorporan a esta función, no es de extrañar el interés del rey y de los que ahora pasaban a sustituir al privado caído en desgracia por ofrecer un relato del que se pudiera desprender la idea de que era el rey el que se había mantenido al frente de todo durante los altercados habidos y después de ellos. A la vez, resulta igualmente explicable el interés que tenían para que se hiciera conocer en todo el reino el cambio que se había producido en la corte señalando a los que ahora se situaban en el centro de la gobernanza, queriendo contar para ello con un relato memorial que justificara la decisión adoptada, lo que exigía de documentos que dejaran bien claro el alejamiento de ella de quien había ejercido su control durante los años precedentes9 y la compatibilidad de esta medida con la dignidad de la posición regia mantenida a todo lo largo de los acontecimientos que habían conducido a ese punto de cambio político.

El marco histórico inmediato en el que se enmarca el texto de nuestro interés, tal como, de hecho, se presenta en la parte narrativa del documento regio, encuentra su punto de arranque en la ejecución de otro acontecimiento que tiene no pocas connotaciones comunes con esta Sentencia arbitral de 1441 y que responde, además, a la misma conflictividad de fondo: el Seguro de Tordesillas de 1439.10

También con él se aspiraba a alcanzar un acuerdo entre el partido aragonesista y el lunista, aunque bajo condiciones menos rigurosas y delimitadoras para este último de lo que, final y transitoriamente, se aplicaría en 1441, aunque no por mucho tiempo. Con el Seguro de Tordesillas se recurriría a un procedimiento más complejo y de apariencia más objetiva, lo que permitió un resultado político más aceptable para el privado, que pronto se percibió como insuficiente para los infantes de Aragón y sus partidarios. En este caso, se recurrió a la mediación de una instancia nobiliaria que se pretendía neutral, personificada en este caso en la figura del conde de Haro, don Pedro Fernández de Velasco, para el que se pactaba que durante el desarrollo del proceso negociador se desnaturase para que pudiera actuar con completa libertad de criterio sin estar sometido siquiera a la autoridad regia, a fin de que con sus propias fuerzas pudiera garantizar como espacio seguro de negociación y de pretendido acuerdo la villa de Tordesillas, a la que las partes enfrentadas debieron acudir sin armas.

En Tordesillas, en 1439, como en Medina del Campo, en 1441, se planteaban de manera no muy distinta, aunque, sin duda, con mayor radicalidad en el segundo caso, objetivos similares como eran la ampliación de la hegemonía de los Trastámara de Aragón y la reorganización de un gobierno que les fuera más afín bajo apariencia de opción gubernativa más conveniente a los intereses del rey y del reino, partiendo necesariamente de la premisa del alejamiento de la corte durante un cierto periodo de tiempo del gran privado, Álvaro de Luna. Así, en la narración aquí considerada se señala cómo, a resultas del Seguro de Tordesillas, hallándose la corte en Castronuño el 9 de octubre de 1439, se acordó «que el dicho Condestable partiese, e obo de partir de mi Corte prometiendo de non partir nin entrar en ella sin licencia e consentimiento de algunos grandes de mis reynos».11 Esto venía, de hecho, a suponer que su regreso a la Corte no podría producirse sin acuerdo de sus enemigos políticos declarados: los infantes de Aragón. Con ello ya se establecía la base argumentativa para identificar un incumplimiento por parte del privado de los compromisos alcanzados, puesto que, a pesar de los acuerdos adoptados, primero en Tordesillas y luego en Castronuño, por su ambición política habría roto el principio de conciliación sobre el que pivotaba su alejamiento de la corte. Este alejamiento se habría planteado primero en Tordesillas, como medida cautelar. Después, en cambio, tras los acontecimientos de 1441, con la muy notable elevación del plazo de alejamiento establecido en seis años y por las condiciones más rigurosas ahora impuestas, tal expulsión de la corte y su consiguiente separación de la persona regia podría suponerse como de una efectividad rotunda para la definitiva liquidación de la carrera política de Álvaro de Luna.

Con esos dos actos, el primero, en Tordesillas, más solemne y ritual, el segundo, en Castronuño,12 más político y de pretensiones más ejecutivas, había quedado abierto el camino hacia la condena efectiva del privado que no acababa de materializarse en las consecuencias apetecidas por sus principales adversarios, desembocando en un conflicto que solo apuntaba como salida posible a su resolución en el campo de batalla ante la inutilidad de la vía negociada.

En efecto, el fracaso efectivo de lo logrado en Tordesillas, al no conseguir la liquidación de la influencia de don Álvaro sobre el rey, encuentra la pronta reacción, esta vez ya de naturaleza directamente bélica, de la conformación de una confederación supuestamente destinada a asegurar el servicio de Juan II y que, en realidad, busca evitar que don Álvaro retome el poder. Ahora se trata ya de movilizar las fuerzas armadas necesarias para ocupar sobre el terreno posiciones estratégicamente decisivas a fin de acaparar toda la iniciativa política. En esta confederación se sitúan la reina María de Aragón, Juan de Navarra, Enrique de Aragón, el almirante Fadrique, Pedro Fernández de Velasco, conde de Haro; Rodrigo Alfonso de Pimentel, conde de Benavente; Pedro de Zúñiga, conde de Ledesma; Pedro Manrique, adelantado mayor de León e Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, lo que supone una fuerza que, al reunir a destacados miembros de los Trastámara de Castilla y Aragón y a algunos de los más notables integrantes de la nobleza principal castellana, parece estar en condiciones de poner definitivamente en jaque la relación entre el rey y el condestable, que encontraba apoyo militar principal en los Álvarez de Toledo.13 La alianza de estos con don Álvaro había quedado renovada con la firma de una carta de confederación y amistad dada en Escalona el 11 y el 23 de mayo de 1440. Precisamente en aplicación de esta alianza, el conde de Alba haría manifestación de su parcialidad a favor del condestable el 1 de febrero de 1441, a la vista de las primeras evidencias del enfrentamiento que contra este encabezaban desde comienzos de ese año el rey de Navarra, el infante don Enrique, el almirante don Fadrique y Pedro de Estúñiga.14

Será precisamente en ese contexto cuando, dada la enjundia de la iniciativa política que se plantea como decisiva de cara al control del poder soberano, se producirá, tal como se ha señalado en alguna ocasión, «una extraordinaria exhibición argumentativa»15 por parte de los infantes de Aragón y de sus aliados en la línea de reivindicarse como los verdaderos garantes del bien común del reino frente a la tiranía que el condestable vendría ejerciendo sobre el rey, lo que exige su liberación de tal yugo. En esta línea, era el momento de ahondar en la acusación de tiranía que ya había puesto en circulación Alfonso V de Aragón al plasmarla en 1425 en una carta dirigida a Pedro Núñez de Herrera, Señor de Pedraza,16 actuando como principio acusador de casi todos los movimientos que desde entonces se habían activado contra el creciente acaparamiento de atribuciones gubernativas por parte del condestable, tal como, en especial, se había denunciado en los años inmediatamente anteriores al Seguro de Tordesillas.17 Esta, de hecho, habría de ser una acusación persistente que habría de perseguir al privado hasta el día de su ajusticiamiento en 1453.18

Todo ello motivará que se sistematice, con el mayor rigor acusatorio, la puesta en cuestión de lo que había sido el gobierno del privado, dando lugar a una de las piezas documentales en forma de memorial más conseguidas a la hora de denunciar ante el rey los excesos protagonizados por don Álvaro, a la vez que se ofrecía en sus rasgos más característicos las aspiraciones políticas propias de lo que debía caracterizar un modelo propio de una monarquía aristocrática19 como la que recurrentemente se pretenderá alcanzar por parte de la más alta nobleza en distintos momentos de las crisis políticas acaecidas durante los reinados de Juan II y Enrique IV.20

Con el memorial antilunista de marzo de 1440, inserto en la Crónica del Halconero,21 nos encontramos en presencia de lo que bien puede considerarse como el detonante decisivo de los acontecimientos de 1441. Mezclando la fórmula expresiva propia de un espéculo de príncipes con la propia de un memorial de agravios y con la hipotética autoría de Diego de Valera actuando como intérprete de los intereses de los infantes de Aragón y de algunos cortesanos antilunistas, planteará la necesidad de que el rey prescinda definitivamente del condestable, sin que, sin embargo, estos obtengan la respuesta esperada del monarca.22

Ya con la Ordenanza de Repariegos de 16 de diciembre de 1440 el rey había intentado imponer condiciones estrictas para someter a norma la presencia en la Corte, delimitando y jerarquizando los acompañamientos de los notables que acudían a ella.23 Del mismo modo, forma parte de la reacción del rey ante el avance de la alianza aragonesista su memorial en el que reprueba al rey de Navarra, al almirante y al conde de Benavente por sus acciones contra el condestable bajo la justificación de los intereses regios. Esta reacción regia debió de convencer a los infantes de Aragón y a sus aliados de que solo un acto de fuerza determinante que demostrase la incapacidad del condestable para resistirse con éxito a sus enemigos les permitiría hacerse con la voluntad del monarca.

Haciendo ya referencia a los acontecimientos de 1441 que culminan en la sentencia de Medina del Campo, en una de las primeras alusiones historiográficas a este documento, aunque sólo atendiendo a su segunda parte, la más habitualmente manejada hasta ahora, la de apariencia judicial, centrada en los capítulos que forman parte de la sentencia arbitral por la que se impone el alejamiento de Álvaro de Luna de la corte durante seis años, señalaba el historiador Luis Suárez Fernández la procedencia de identificarla como «sentencia arbitral, añadiendo que se ocupaba de tres cuestiones distintas cuyo ensamblaje era difícil: la eliminación definitiva de don Álvaro, el restablecimiento de la hegemonía aragonesa sobre toda la Península; la garantía de un futuro gobierno equilibrado y justo».24

Todos ellos eran rasgos que definían un marco que, en conjunto, bien podía justificar que se haya interpretado aquel verano de 1441 como el momento inaugural de «un nuevo sistema político»25 que, en esencia, podía responder al avance de un modelo de monarquía aristocrática en el que el ejercicio del poder real podría quedar muy sujeto a ciertos liderazgos aristocráticos encabezados por los infantes de Aragón y personajes prominentes de la nobleza castellana como el almirante de Castilla o el conde de Benavente, entre otros. Una de las funciones principales de dichos liderazgos, a juzgar por el testimonio que aquí valoramos, sería la del estricto control de la información, asegurándose de que esta siempre se ajustara a la transmisión de una imagen del poder regio conveniente para la legitimación de dicho modelo político, evitando cualquier imagen o noticia que pudiera poner en cuestión la legitimidad del proyecto.

Esta necesidad de estricto control de la información tenía, además, una motivación y dos consecuencias que resultaban importantes de cara a la relación entre el grupo aristocrático dominante tras la expulsión del privado de la corte y el conjunto del reino. La motivación era que, lejos de producirse una recuperación del protagonismo gubernativo de Juan II, la iniciativa política de este se mantenía rigurosamente delimitada. Es más, parecía que ahora se potenciaba una posición gubernativa creciente para la reina consorte María de Aragón que, en su doble papel de reina de Castilla y hermana de los infantes de Aragón, podía estar llamada a ocupar una función central en el nuevo entramado político cortesano.26 Esto, desde la perspectiva de los intereses de los infantes de Aragón y de la nobleza antilunista, que con toda rotundidad había expresado su deseo de acabar con la carrera política del privado,27 parecía especialmente conveniente por unir a su condición de reina su declarada aversión y deseo de venganza contra don Álvaro. Este sentimiento se había hecho especialmente ostensible, a la par que la reina percibía su distanciamiento respecto del propio monarca identificando al privado como su principal instigador.28 Este distanciamiento respecto de su marido el rey y su manifiesta y creciente rivalidad con el privado era algo que se había hecho muy ostensible desde que en 1437 el privado, con el consentimiento del rey castellano, le hubiera arrebatado una sus posesiones más preciadas de entre las recibidas de la herencia de su madre, Leonor Alburquerque:29 la fortaleza de Montalbán. Esta posesión resultaba, además, de lo más conveniente en el contexto del proyecto de consolidación señorial de don Álvaro en el entorno de su buque insignia señorial en tierras toledanas: Escalona.30

Por todo ello, no era de extrañar que el 21 de enero de 1441 la propia María de Aragón, aunque, sin duda, en coordinación con sus hermanos, los infantes de Aragón, y los nobles que los apoyaban, hubiera enviado una carta de desafío a don Álvaro,31 acto que bien podía considerarse como un momento decisivo en la operación, ya no solo política, sino ahora también declaradamente militar para acabar con la influencia del privado. No por casualidad, de manera bastante inmediata se habían emitido otras cartas de desafío que permitían delimitar claramente el grupo que comandaba la operación de desalojo de don Álvaro de su preeminencia cortesana. Así, el infante don Enrique de Aragón había mandado el 24 de enero, al igual que su hermana María, su propia carta de desafío al privado tres días después de la enviada por aquella, también desde Toledo, donde estaba reunida la cabeza del movimiento.32

Por ser la primera de estas cartas de desafío, la firmada por la reina de Castilla María de Aragón el 21 de enero, merece destacar el rigor con que se expresaba en esta carta, cargando de culpas al condestable «por quanto avedes fecho e fazedes muchas cosas graves e feas en deservicio del Rey nuestro señor e en dapño e escándalo de sus rreynos». Tal actitud acusatoria alcanzaba en esa carta gravedad principal por cuanto, tal como se decía en ella, quien la firmaba era la persona más próxima al rey, la propia reina, la que denunciaba los abusos del privado: «que por ser más conjunta persona al dicho señor Rey que a otra alguna se duele del deservicio de Su Señoría e del mal e dapño de sus rreynos e de la república dellos».33

Primera consecuencia de todo ello habría de ser la necesidad de dar plasmación tangible al emergente papel político que se otorgaba a María de Aragón en el nuevo tiempo político al que se quería dar lugar, lo que se hizo patente con su posición de cabeza principal de la comisión de arbitraje que habría de dictar la expulsión de la corte de don Álvaro.

La otra consecuencia que afecta directamente al asunto principal aquí considerado era la conveniencia de un manejo muy cauteloso de la información que evitase una imagen de secuestro de la voluntad del monarca que pudiera fundamentar alguna forma de deslegitimación del nuevo régimen aristocrático. Esto exigía de una habilidad narrativa que permitiera crear falsos protagonismos políticos del monarca, ocultando la tutela efectiva a la que quedaba reducido, tal como se hizo con la descripción enviada desde la corte a los concejos de los acontecimientos aquí considerados.

Bien es verdad, por otra parte, que este nuevo «sistema político» habría de resultar muy transitorio, como consecuencia del temprano regreso del condestable a la primera línea política, contrariamente a lo pretendido por las maniobras de los infantes de Aragón en el transcurso de 1441 para cuyos objetivos se había diseñado la referida sentencia arbitral que aseguraba un muy prolongado alejamiento del antiguo privado de la corte. En muchos aspectos, este golpe de timón protagonizado ahora por los infantes de Aragón podría interpretarse como un avance de lo que se ha enunciado en términos de «revolución aristocrática» para referirse a los acontecimientos que sumieron al reino castellano en una guerra civil durante el reinado siguiente entre los años 1465 y 1468.34

De hecho, la reunión de Cortes celebradas en Valladolid en julio de 144235 vendría a ser un intento de poner al día los asuntos del reino tras la crisis del año anterior, lo que motiva que en algún momento de estas Cortes se aluda precisamente a la sentencia arbitral de Medina del Campo como documento referencial con relación a distintas demandas planteadas por los procuradores.36

El acontecimiento sustantivo venía dado por la publicación de una sentencia a la que, no sin cierto debate y dudas sobre la propiedad de la expresión, se podría acaso calificar como de «arbitral», en la línea de lo señalado por Suárez.37 En el propio texto cronístico donde se recoge en su integridad será aludida como sentencia «arbitraria».38 Esta sentencia arbitral, al parecer inspirada por el rey Juan de Navarra,39 habría sido dada por el acuerdo de lo que se había constituido bajo forma de tribunal presidido por la reina María de Aragón, acompañada del príncipe Enrique, del almirante de Castilla y del conde de Alba. Se trataba de una comisión cuya composición estaba bien lejos de poderse considerar como neutral pues, con la única excepción del conde de Alba, con cuya presencia se quería ofrecer una cierta imagen de equilibrada representación de las partes, todos sus miembros habían estado en el origen del movimiento antilunista. Por ello, ejerciendo este nuevo papel de referente para una búsqueda de consenso entre algunos de los partidarios más prominentes del condestable y el nuevo grupo aristocrático ahora imperante en la corte, la reina firmaría una carta de amistad40 con las dos principales cabezas del linaje de los Álvarez de Toledo, el conde de Alba y su tío don Gutierre, por entonces arzobispo de Sevilla, antes de su promoción a la mitra toledana con la que culminaría su carrera eclesiástica,41 y el obispo de Segovia don Lope de Barrientos que había tratado de mantener una cierta posición de mediación en el desarrollo del conflicto, gracias a su proximidad al príncipe Enrique.42

Aunque la sentencia se habría hecho pública el 3 de julio, no sería ratificada por el rey de Castilla el 9 de julio en Medina del Campo, lo que invita a sospechar una posición de resistencia por el monarca a la hora de darle su refrendo. El documento de información al reino en el que se daba noticia del clausulado de su contenido era remitido desde la cancillería real ya a comienzos de septiembre. En él se incluía una relación bastante tendenciosa, y seguramente muy meditada, de los acontecimientos inmediatos que habían precedido a la consecución de dicha sentencia. Los hechos aludidos se presentaban como narrados desde el protagonismo central del monarca castellano.43

Como ya se ha apuntado, el análisis del clausulado de la sentencia44 ha acaparado la mayor parte del interés historiográfico suscitado por el documento, en gran medida por el propio enfoque observado por la cronística de la época, especialmente atenta al detalle de su contenido por los importantes efectos que habría tenido para el destino político de Álvaro de Luna como personaje más poderoso de la corte castellana en el caso de haberse cumplido tal como estaba previsto en su textualidad.45 En cambio, esa narración de los acontecimientos que precedieron a la sentencia que forma parte de la notificación enviada por la monarquía de la emisión de tal sentencia ha quedado ensombrecida, en gran medida, acaso, por cuanto que rápidamente se revela imaginativa e interesada, lo que le resta interés desde el punto de vista del conocimiento exacto de lo que sucedió. Sin embargo, tal como trataré de poner de relieve, esa dimensión imaginativa e interesada, bajo la perspectiva adecuada, creo que es bien susceptible de adquirir un valor históricamente significativo por lo que revela con relación a las prácticas políticas y a la atención concedida en ellas a la conformación de una opinión pública mediante la conveniente manipulación de la información puesta en circulación.

Esta denominada sentencia arbitral de Medina del Campo de 1441 habría venido, por tanto, precedida de uno de los momentos de mayor crisis e inestabilidad política dentro del agitado reinado de Juan II de Castilla. Por ello puede hablarse de punto de verdadera quiebra de la monarquía al hacerse evidente la inviabilidad del sostenimiento de la privanza lunista. Esta parecía agotada y sin posibilidades de futuro lo que dejaría el sostenimiento del rey y sus atribuciones gubernativas bajo el control de los infantes de Aragón y de sus principales aliados en la corte castellana.

En fin, los acontecimientos de 1440 y de algo más de la primera mitad de 144146 acaban conduciendo a un jaque mate a un rey parapetado tras la figura de un condestable que ofrece su última resistencia con su entrada en Medina del Campo el 8 junio de 1441 con la pretensión de rescatar la figura del rey como vía para retenerlo bajo su exclusivo control como otrora, asegurando así su propia supervivencia política. Tras el fracaso de este intento y la huida del privado y de la mayoría de sus partidarios, la liga antilunista, con el rey de Navarra al frente y con la inestimable colaboración de su hermana la reina de Castilla, diseña un instrumento que, a la vez que sirva para alejar por seis años al condestable de la Corte, lo que bien podía intuirse como su liquidación política definitiva que finalmente no sería, permita al rey castellano mostrarse como soberano en plenitud, al otorgar y validar la actuación de una comisión «con apariencia de neutralidad»47 que pusiera al rey bajo la tutela de sus nuevos dominadores, una vez separado de la mala influencia del condestable que restauraba la libertad de la dignidad real, lo que tenía bien poco de realista.

La comunicación por el rey de lo establecido en la sentencia arbitral de Medina del Campo se convierte en la oportunidad para fijar una memoria de los acontecimientos de acuerdo con un relato cortesano planteado desde lo que parece resultar más conveniente para dejar en el mejor lugar posible al monarca, cuya autoridad, según su contenido, parece afirmarse en cada uno de los momentos de tensión descritos, reivindicando su papel de mediador y pacificador de unas relaciones de conflicto que, tal como quedan plasmadas, habrían de ser reiteradamente reconducidas gracias a la mediación regia de la que la propia sentencia arbitral sería la última expresión. Así nos encontramos ante todo con un relato cortesano inspirado por unas necesidades extraordinarias de legitimación de la soberanía regia en un contexto que, tal como apuntaba antes, en realidad, se enmarca bajo unas circunstancias de verdadera quiebra del poder real en un momento en que este se ejerce primero bajo la tutela de su privado Álvaro de Luna y luego, tras su salida de la corte, por los infantes de Aragón.

Ya el punto de arranque de esta narración cortesana, acorde con esas necesidades legitimadoras de Juan II bajo la tutela del partido aragonesista, se nos muestra muy hábil en su diseño al plantear una ficción por la que se sitúa al monarca en un punto de neutralidad y objetividad entre fuerzas políticas que, según la versión regia, bien pudieran entenderse como completamente desconectadas respecto de la propia figura del monarca, lo que permitiría a este actuar con la adecuada distancia y objetividad, sólo pensando en los intereses generales del reino.

Así, el punto inicial del relato es la constatación de ciertas tensiones en el reino:

De este modo, se modifica una realidad como es la evidente vinculación gubernativa entre condestable y monarca, para sacar a este de una lucha política que pasa a ser descrita exclusivamente como la confrontación entre dos bandos que parecen completamente ajenos a la posición real para la que queda justificada una función de arbitraje neutral y pacificador. Así se construye la imagen de unas luchas de bandos completamente que el monarca podría contemplar con una cierta distancia puesto que ninguna de ellas parece conectada con el ejercicio de la dignidad regia que se mantendría como completamente desvinculada del origen de estas tensiones por cuanto que queda claro que sus decisiones no tuvieron nada que ver con la aparición e incremento de las rivalidades descritas. En consecuencia, el rey inicia su mediación por cuanto que desde ambos bandos habría sido visto como la instancia objetiva de resolución. Por ello, según la narración ofrecida, se le suplicaría que «sobre aquellas cosas mandase proveer por la manera complidera a mi servicio e a pro e bien común de mis reynos».49

A partir de este planteamiento de conjunto, se establecen dos hitos iniciales en los acontecimientos que han de conducir a la sentencia de 1441: el seguro de Tordesillas, entre mayo y junio de 1439, y las vistas de Castronuño entre el 19 y el 29 de octubre, de las que resulta el acuerdo de salida de la corte de Álvaro de Luna y los suyos, lo que sucedería, tal como se señala, puesto en boca del rey, con «mi licencia e consentimiento».50

La reaparición de alteraciones y ayuntamientos durante el año 1440 a lo largo de un itinerario real conflictivo que encuentra sus principales hitos en Madrigal, Valladolid y Arévalo51 y, ya a comienzos de 1441, en varias localidades en las inmediaciones de Toledo,52 con el consiguiente aumento del despliegue de fuerzas armadas por parte de todos los contendientes hace que el rey se deba implicar de nuevo en la pacificación del reino ante la acusación por los grandes de que el condestable habría incumplido los compromisos de Tordesillas y Castronuño, al haberse producido el intercambio de algunas cartas de desafío. Así, por ejemplo, la que se documenta que intercambian con fecha de 21 de febrero de 1441 entre Álvaro de Luna y su hermano el arzobispo de Toledo Juan de Cerezuela, de un lado, y Fadrique, almirante de Castilla, y Alonso de Pimentel, conde de Benavente, de otro lado, dándose cita en Casarrubios, villa del almirante.53 Se oculta, en cambio, cómo este envío de cartas de desafío venía a ser la respuesta de otras enviadas, ya antes aludidas, por la reina consorte, María de Aragón,54 y el infante Enrique,55 el 21 y el 24 de enero respectivamente. Así se va dando lugar a que por ambas partes se vaya produciendo una creciente movilización de gentes de armas, lo que el rey, según la narración, hallándose primero en Ávila, y luego en Medina del Campo, trataría de desactivar asumiendo su función neutral y pacificadora. Para ello, supuestamente, y de manera bien contraria a los hechos acaecidos, contaría con la colaboración de su mujer María de Aragón y de su hijo el príncipe Enrique, cuya posición de neutralidad regia también se trata de reivindicar en la narración real, en contradicción con el desarrollo de los acontecimientos, que los sitúan claramente en el partido aragonesista opuesto al condestable ocupando una posición muy combativa contra el privado. De este modo, con la referencia a la reina y al príncipe se trata de crear otro falso referente de neutralidad que juega a favor de esa distancia regia con respecto a las confrontaciones en curso. Todo ello da lugar a que, más allá de enaltecer la posición política del rey, se establezca una eficaz instancia familiar de resolución de conflictos, convirtiendo a rey, reina y príncipe en una familia real políticamente ejemplar en tiempos de emergencia, actuando como núcleo estabilizador frente a unas tensiones políticas alteradoras de la paz del reino, lo que suponía una nueva falsificación de la realidad.

Para ofrecer esta imagen reivindicativa de la instancia regia no se repara en ocultar o pasar muy por encima de datos relevantes. Así se alude a cómo el rey habría partido a comienzos de 1441 hacia la ciudad de Toledo en misión de asegurar la paz entre los contendientes pues, según la narración real, iría «con intención de pacificar la dicha ciudad e quitar los debates que entre algunas personas de estado de ella eran, la qual pacificación por estonce no se pudo hacer [estando] fuera de la dicha ciudad algunos de aquellos quien tañían los dichos debates». Con tan lacónica referencia se estaría afirmando que, a pesar de acudir el rey a Toledo, no podría resolver el conflicto por encontrarse fuera de la ciudad los principales protagonistas de las tensiones. Así se evita señalar las verdaderas circunstancias y desarrollo de los acontecimientos sucedidos en torno a la ciudad toledana. En efecto, encontrándose el rey en Arévalo había tenido noticias de cómo Toledo había caído bajo el control del infante don Enrique de Aragón que había sido recibido en ella por Pedro López de Ayala, sometiendo la ciudad a su dominio. El primero se había comprometido con el rey a no acercarse a la ciudad de Toledo y el segundo a no acogerlo en caso de que fuera a ella. Es ante la evidencia de que con este doble incumplimiento de tales compromisos ambos se habían declarado en manifiesta desobediencia al rey, por lo que este, en realidad, decidió presentarse en Toledo para exigirles cuentas y someterlos a su obediencia. Sin embargo, el relato regio presenta el tema toledano como si fuera un conflicto que, sin afectar directamente a su autoridad, se produce entre personas ajenas al rey, lo que daría lugar a que este actuara como mediador entre ellas por un supuesto conflicto inexistente, no pudiendo hacerlo al no encontrarlas en la ciudad. Además, se presenta bajo forma de rivalidad entre los personajes aludidos lo que, en realidad, era una alianza que jugaba a favor del debilitamiento del rey y de su privado.

Lo cierto de lo acaecido en esta ocasión es que, habiendo llegado el rey a Bargas y habiendo enviado mensajeros a Toledo, estos ni siquiera fueron recibidos por la ciudad. A la vista de este revés, Juan II envió a Íñigo Ortiz de Estúñiga, al adelantado Perafán y a su relator, Fernán Díaz de Toledo, los cuales fueron retenidos presos, mientras que el infante don Enrique de Aragón colocó tropas suyas delante de la ciudad, lo que disuadió al rey de intentar entrar en ella, dándose la vuelta hacia Torrijos, primero, y luego hacia Olías, renunciando definitivamente a entrar en la ciudad e intentar someter al infante y a sus aliados toledanos.56

Así lo realmente acaecido estaba muy lejos de la narración regia, tanto en lo que se refiere a las motivaciones, como a la implicación del rey, como al desarrollo concreto de los hechos, mostrándose su rotunda incompatibilidad con el relato real.

Esta voluntad del texto de afirmar el alejamiento del rey respecto de intereses partidistas, para los que actúa como mero árbitro y reconciliador, se hace muy presente en el propio lenguaje de la narración, más allá de la propia sucesión de los acontecimientos: «que a mi merced pluguiere sin otra inclinación, ni afición, proveer e dar tal orden en todas estas cosas».57

Mientras tanto, se oculta cualquier actitud conspiratoria por parte de la reina y del príncipe, a los que siempre se sitúa en la búsqueda del servicio al rey y al reino cuando ya era sabido por Juan II que estaban colaborando con toda parcialidad a favor de los intereses de los infantes de Aragón: «e asi mismo los dichos reyna e príncipe continuando su buen deseo a mi servicio e a la paz e sosiego de mis reynos».58 En esta misma línea de ocultar lo que fue el papel de la reina y el príncipe en el conflicto, se llegará a afirmar que:

Sin embargo, de manera inmediata a los acontecimientos de Toledo, tras retirarse el rey a los señoríos del condestable en San Martín de Valdeiglesias y encontrándose ya en Ávila, tuvo noticia por el condestable de cómo la reina estaba colaborando con los infantes de Aragón, habiendo pactado un reparto de bienes y señoríos muy favorable para los intereses de Enrique de Aragón y de Juan de Navarra, una vez que hubieran acabado definitivamente con el condestable y hubieran situado en el trono al príncipe Enrique que era, según las noticias del condestable, el objetivo último de la trama planteada. Mientras tanto, el propio príncipe Enrique también desoía las órdenes de su padre, actuando de acuerdo con su madre y con los infantes de Aragón.60 Tal línea conspiratoria que apuntaba a la sustitución en el trono de Juan II por su propio hijo, el príncipe Enrique, queda completamente fuera de la narrativa textual.

La distancia entre la narración real y los hechos ocurridos se hace definitivamente comprobable cuando el relato se sitúa en el momento decisivo de los enfrentamientos armados de Medina de junio de 1441, aludidos por Fernán Pérez de Guzmán, en sus Generaciones y Semblanzas 61 de una manera muy destacada, al calificarlos como el «más grande de los insultos hasta allí hechos, seyendo la villa entrada por fuerza, en el mayor rigor y escándalo de las armas».

Con estos términos tan rotundos y descriptivos con los que alude Pérez de Guzmán a aquellos días en Medina del Campo hace notar su proximidad al bando de los infantes de Aragón y su alejamiento de Álvaro de Luna, mostrando acaso su interés en ocultar cualquier indicio de desacato o irreverencia que se hubiera podido producir en aquellos acontecimientos hacia la persona del rey. Además, señalará que «siempre el Rey fue guardado e acatado con toda la humilde reverencia, y en tal tiempo, quando la gente suele ser mas orgullosa y destemprada, le besaron la mano e honraron con la reverencia que debían, e nunca de aquel auto tan riguroso se le siguió algún peligro».62 Se trata de consideraciones estas últimas que pudieran responder al propio interés del narrador que difícilmente se pueden compatibilizar con lo antes afirmado por él mismo y con otros testimonios aquí aludidos.

Estos acontecimientos se desarrollarían de manera inmediatamente previa al inicio de las actuaciones de la comisión, supuestamente de iniciativa real, pero que, en realidad, actuaba impulsada solo por los infantes de Aragón y que impondría la sentencia arbitral ya aludida destinada a separar al condestable de la proximidad del rey mediante su forzado alejamiento de la corte.

Es en este punto en donde a la inventiva narrativa precedente de la que ya se han acumulado bastantes indicios se añaden datos aún más imaginativos sobre el verdadero devenir de los acontecimientos ocurridos, en esta ocasión, en Medina, superando lo ya señalado para lo acaecido antes en Toledo, de lo que resulta una tergiversación completa, tal como se presentan los sucesos en el relato real con relación a lo verdaderamente acontecido.

Los acontecimientos esenciales, tal como se comprueba en las distintas fuentes disponibles, se pueden sintetizar del siguiente modo.63 A la vista de que, informado por el condestable, el rey va teniendo noticia de cómo los infantes de Aragón y los grandes van ocupando distintas ciudades, a la vez que amplían su fuerza armada y que cuentan con la colaboración de la reina María y del príncipe Enrique, Juan II se presenta con algunas fuerzas en Medina del Campo el 21 de mayo. La ciudad se entregó al rey, aunque no sin que se ofreciera resistencia desde la fortaleza de la Mota que tardaría algunos días en rendirse. Seguidamente se producen algunos intercambios de cartas entre Juan II y los grandes. En ellas que se haría patente el enfrentamiento que parece encaminarse hacia el campo de batalla en un contexto de manifiesta debilidad militar del monarca que carecía de los recursos militares necesarios sobre el terreno para imponer su voluntad.

La aproximación de las fuerzas de los infantes y de sus principales aliados a Medina hace que el rey les ordene infructuosamente disolver sus ejércitos a la vista de su inferioridad, asumiendo la inseguridad de su posición dentro de la villa. El 2 de junio las fuerzas de los grandes estaban acampadas frente a Medina, a la vez, la reina y el príncipe se aposentaban en el monasterio de Santa María de Dueñas de Medina, mientras que el rey, aislado en la ciudad y con una fuerza claramente insuficiente, hacía venir a su presencia a Medina del Campo al condestable, a su hermano el arzobispo Juan de Cerezuela y al maestre de Alcántara, Gutierre de Sotomayor, donde llegarían a medianoche del 8 de junio, confiando que con su ayuda podría recuperar la iniciativa militar y política.

La llegada y las actuaciones militares del condestable en Medina darán motivo al autor de la crónica del condestable para confeccionar uno más de los múltiples cuadros heroicos y de bravura militar que se trazan del condestable a lo largo de sus páginas, ofreciendo una singular imagen de épica caballeresca al mostrarlo exhibiendo bravura sinigual por las calles de Medina:

A partir de la llegada del condestable, las escaramuzas se suceden, haciéndose evidente que el rey aún con la ayuda de su condestable, en manifiesta inferioridad de fuerzas, no puede salir airoso. Gracias a la colaboración de algunos caballeros servidores del rey de Navarra que se encontraban dentro de Medina, las fuerzas sitiadoras podrán entrar finalmente en la ciudad el 28 de junio, intentando resistir la entrada el rey con una fuerza claramente inferior a la de los asaltantes. A la vista de la situación desesperada, el rey manda al condestable y a los suyos que abandonen la ciudad, lo que podrán conseguir cruzando las líneas enemigas.65 Tras la salida de las fuerzas del condestable, no faltarían los saqueos por los nuevos dominadores de la villa, que llegaron a hacer objeto de su pillaje a la propia cámara del rey e incluso a su capilla:

A partir de ahí, los infantes de Aragón y sus partidarios procederán a imponer sus condiciones de las que formarán parte el completo control del monarca, con la consiguiente formación de una comisión que elabore, en realidad bajo la tutela del rey de Navarra, una apariencia de sentencia compromisaria que imponga duras condiciones para la reclusión del condestable en algunos de sus señoríos durante seis años.

Apenas nada de esto trasciende del relato regio. Bien al contrario, según este, una vez que el rey entró en Medina, mandó llamar al condestable, a su hermano el arzobispo y al maestre de Alcántara para que vinieran a su presencia. A la vez, de común acuerdo con el monarca, se habrían instalado en el monasterio de Santa María de las Dueñas, cerca de Medina, el príncipe y la reina con el fin, supuestamente, de colaborar en la pacificación del reino. A la vista de la llegada del condestable con gentes de armas, los grandes del reino que «estaban aposentados cerca de la dicha villa de Medina» le manifestaron su deseo de hablarle de su enemistad con el condestable. Para evitar cualquier tensión, observando que estos grandes se hallaban en la ciudad con intención de pelear contra las gentes del condestable, ordenaría que este y sus partidarios abandonasen la villa:

Tras la marcha de los seguidores del condestable, según el relato del rey:

Así, bien lejos de cualquier indicio de violencia, de asalto de la ciudad, de luchas en las calles, con participación directa y riesgo de la propia persona del monarca, de saqueos e incluso de robos sobre el patrimonio personal del monarca, tal como parece que sucedió en realidad, todo queda limitado a una exhibición de reverencias y pleitesías en las que se evidencia el acatamiento y obediencia a la autoridad real que se impone ante la mera contemplación de su presencia y de sus insignias reales, no habiendo indicio alguno que permita siquiera sospechas de que su autoridad pudiera ponerse en cuestión en algún momento. La presencia del rey y del pendón real en la plaza de la ciudad habrían bastado por sí mismas para evitar cualquier indicio de confrontación, dando inmediatamente lugar a que «me fecieron reverencia, fincando las rodillas, e abaxando e poniendo las lanzas en el suelo, e así mismo, algunos de ellos se venieron para mi e me besaron las manos».69

Según el relato, una vez evitada, gracias a la intervención regia, la contienda militar que sabemos que no solo no dejó de ocurrir, sino que a veces fue dirigida contra la persona y bienes del propio monarca, siendo cruenta y a lo largo de varios días y durante la que no faltó el riesgo personal y las humillaciones para el rey, este haría valer su autoridad:

Así, según la ficción plasmada en la narración regia, después de mandar que las gentes de armas marchasen a sus casas, el rey, por propia iniciativa, designaría una comisión integrada por la reina, el príncipe, el almirante de Castilla y el conde de Alba. Esta debería elaborar una sentencia que hiciera efectiva la pacificación. Esto, una vez más, distaba mucho de una realidad que venía a suponer que el rey quedaba bajo el control de los infantes y sus partidarios que, para dar forma jurídica a lo que ya previamente tenían decidido, optaron por establecer una comisión perfectamente controlada que, además de asegurar la expulsión de la corte del condestable, por la mediación de la aludida sentencia arbitral, diera satisfacción a todas sus pretensiones. Entre estas destacaba asegurar el fin político del privado y mantener bajo su estrecho control todas las atribuciones regias, sin que se pudiera descartar la posibilidad de expulsar al rey de su trono para imponer a alguien aún más dúctil para el manejo del partido aragonesista como su hijo Enrique que contaba con dieciséis años.

El documento considerado nos sitúa ante un texto de factura cortesana que responde de una manera muy estudiada al ejercicio aparente de una función comunicativa, transmitiendo informaciones que se consideran de gran interés para el conjunto del reino y para definir cuál sea la situación concreta del poder real, dando a conocer para ello toda una serie de noticias recientes con cuya conveniente invención y adecuada exposición, en realidad, busca producir un estado de desinformación, así como el ocultamiento de lo que realmente está ocurriendo en torno a la figura del monarca y en el seno de la corte regia.

Con el objetivo aparente de dar puntual información de acontecimientos recientes y graves para el reino que, de hecho, han devenido en un cambio gubernativo relevante que ha supuesto la sustitución de la privanza del condestable por la de los infantes de Aragón y sus partidarios, se procede a crear un texto narrativo con verdaderos rasgos de elaboración novelesca de los acontecimientos en función de objetivos políticos muy evidentes.

A lo largo del mismo se oculta sistemáticamente el desarrollo real de lo acaecido para crear una cierta forma de posverdad de la que se desprende una visión de las relaciones políticas completamente ilusoria. Según esta, durante la crisis política acaecida en los meses precedentes, en esencia, entre enero y julio de 1441, el rey habría mantenido en todo momento a salvo su autoridad, no dándose ningún indicio de desafección hacia su persona o de puesta en cuestión de su posición eminente. Su actitud con respecto a las luchas políticas que se describen responde en todo momento a la neutralidad, manteniendo una distancia muy medida, lo que justificaría el ejercicio de una función de arbitraje, propia de quien es respetado por todas las partes que le habrían considerado como soberano indiscutible. Se tergiversan las acciones y las intenciones de los miembros de la familia real, en especial, de la reina y del príncipe, muy implicados en el desarrollo de las tensiones, actuando en determinados momentos como actores necesarios en el desarrollo de los acontecimientos que, en el relato, en cambio, se presentan como leales colaboradores de las iniciativas regias. Así se ofrecería una visión bien alejada de las estrategias articuladas del lado de los infantes de Aragón entre las que llegó a tener cabida la posibilidad de sustitución del rey por el príncipe y que, en cualquier caso, suponían la liquidación política del condestable y el sometimiento a su estricto control de la persona real.

El mensaje que trasciende, muy distante de la realidad, es que, a lo largo de la crisis política que recorre el convulso periodo que va desde el seguro de Tordesillas, a mediados de 1439, hasta la sentencia arbitral de Medina del Campo, a mediados de 1441, se había producido el levantamiento de parte de los grandes de Castilla, encabezados por el infante Enrique de Aragón y su hermano, el rey Juan de Navarra, junto con varios grandes, caballeros y prelados que se habrían enfrentado a lo que señalaban como la tiranía del condestable Álvaro de Luna de la que querrían liberar al monarca.71 Todo ello sería perfectamente coherente con la alusión del rey a los infantes de Aragón en su escrito enalteciendo su posición al poner en valor su condición de:

De este modo, se pone en boca del monarca una visión de su minoría de edad evidentemente inspirada por sus primos con la que se pretendería hacer presente un supuesto pasado coincidente con la actualidad en la dependencia del futuro del rey respecto de la colaboración de los Trastámara de Aragón, primero de su tío Fernando y luego de sus vástagos.

Con relación a los grandes, caballeros y prelados que les han secundado, se señala que «han actuado con el celo e buen deseo que ellos siempre dixieron que habían, e han a mi servicio e a conservación de persona e estado real e a el bien de la cosa publica e paz e sosiego de mis reynos».73

Según esta versión, el desarrollo de esas alteraciones en ningún caso habría supuesto ninguna forma de enfrentamiento con la persona del rey ni de merma para su dignidad. Bien al contrario, lo acaecido siempre habría respondido a la lucha entre esos dos bandos que el rey habría contemplado desde la distancia y la neutralidad, aunque no sin preocupación, lo que le habría llevado reiteradamente a tomar iniciativas de pacificación y de acuerdo que condujeran a la consecución de alguna forma de consenso y arbitraje. Todo ello, además, para mayor tergiversación de la realidad, se habría producido en presencia de una estrecha colaboración entre los miembros de la familia real, el rey, la reina María y el príncipe Enrique, actuando de consuno en defensa de los intereses del reino y de la consecución de la pacífica relación de los miembros principales de la nobleza. Así, tal como ya se ha apuntado, la familia real emergía como referente estabilizador de las tensiones políticas.

En esa lógica tenía perfecto encaje que el conflicto terminase resolviéndose con la expulsión de la corte del condestable, no por imposición de un bando sobre el otro, tal como, en efecto, se comprueba por la sucesión de los acontecimientos, sino como resultado de la aplicación de una sentencia arbitral, supuestamente impulsada por el propio monarca, lo que evidentemente no era cierto, y aceptada por ambas partes, y dictada por quienes se reconocían dotados de una aureola de objetividad propia de unos jueces árbitros.

Este planteamiento narrativo conducía necesariamente a que en ningún momento se pusiera en cuestión la capacidad gubernativa y el poder absoluto del monarca, evitándose cualquier indicio de parcialidad o de claudicación por parte del rey.

En todo ello se hace evidente el control que sobre la información y la comunicación generada en la corte se ejerce por parte del grupo gubernativo dominante, pareciendo constituir tal objetivo, el del control de la información, uno de los primeros, si no el primero que persiguen a partir del momento en que tienen al rey bajo su dominio. Así, se percibe una clara conciencia de la importancia de manipular la información de manera conveniente para los objetivos políticos pretendidos.

En esta línea, del mismo modo que se elabora un relato poseedor, en cierta medida, de rasgos novelescos para la descripción de los acontecimientos recientes, también se da forma jurídica, con apariencia de arbitraje neutral y consensuado, para lo que, en realidad, es un ajuste de cuentas por parte de los nuevos controladores del gobierno real con respecto a los que lo habían dominado antes, anunciando procedimientos de apariencia judicial para la resolución de conflictos políticos, lo que se afirmaría como instrumento recurrente y políticamente muy relevante ya en el inmediato reinado de Enrique IV.

En definitiva, estaríamos ante un ejemplo de cómo en la ejecución de una práctica de información oficial puesta en boca del rey en primera persona, con destinatarios institucionales, como en este caso eran determinados concejos, se lleva a cabo la exhibición de una creatividad literaria cortesana de perfiles novelescos en su relato, como respuesta a unos objetivos políticos de legitimación del nuevo partido gobernante, lo que se alcanza con notable solvencia, al menos, por lo que se refiere a la coherencia argumental y no tanto por la credibilidad del texto producido, dando lugar a la construcción de una auténtica realidad paralela. La elaboración textual llevada a cabo en la propia cancillería real como ejercicio de la desinformación y de la manipulación de las noticias se situaba así en el centro de la lucha política por el control de la corte y del gobierno del reino. Desgraciadamente, nada se puede asegurar con certeza de la autoría redactora del texto y el nivel de implicación personal que en ella hubiera podido tener el monarca, si es que tuvo alguna. Lo que sí resulta seguro es que, por un lado, el relato daba una versión de los hechos conveniente para los intereses del grupo controlador de la corte tras su salida de ella de Álvaro de Luna y, por otro, que todo lo que se afirmaba se presentaba como dicho por el rey.

Con el texto analizado, situado en el marco de los acontecimientos comprobables, tal como se sucedieron en la realidad, se ofrecía toda una estrategia de informar para desinformar, lo que se hizo cada vez más frecuente en un contexto en el que la conflictividad política exigía cada vez más un atento tratamiento, según los objetivos perseguidos en cada caso, de las noticias que se ponían en circulación, mucho más aún cuando su punto de emisión era la propia corte regia.74